Presentada a la Comisión de Función Pública una propuesta de consenso para reformar la administración por parte del ministro de Transformación Digital y de la Función Pública

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública ha propuesto ante la Comisión de Función Pública del Senado un acuerdo para renovar la administración, con el objetivo de hacerla más moderna e innovadora. Esta renovación incluye una estructura que responda a los avances tecnológicos y a una demanda creciente de servicios públicos más accesibles y eficientes, que aseguren de manera óptima los derechos de los ciudadanos. Durante la exposición, se marcó como objetivo de la legislatura el ascenso en los indicadores de buena gobernanza para alcanzar las posiciones que tienen los países nórdicos en rankings internacionales.

Además, se elaborará una estrategia para atraer talento y se reducirán los tiempos para unirse a la Función Pública, estableciendo que la ejecución de las Ofertas de Empleo Público no exceda los 12 meses. Junto con esta medida, se introducirá un método innovador de acceso a carreras tecnológicas en la Función Pública, inspirado en el sistema MIR médico. También se fundará un departamento de operaciones para el sector público estatal, preparado para enfrentar situaciones imprevistas, como pandemias, o desafíos significativos, como la administración de planes de recuperación, maximizando el uso del talento y la experiencia de los empleados más veteranos.

Asimismo, para modernizar la administración pública, es necesario la adecuada formulación y ejecución de políticas públicas transformadoras y con gran impacto exige que estas se fundamenten en evidencia científica sólida y sean objeto de evaluaciones tanto previas como posteriores. Para fomentar la adopción de estas prácticas, se asignará un papel esencial a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas en la evaluación preliminar y el diseño de las políticas, y se reforzará la función de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su fiscalización y análisis posterior.

Para poder alcanzar digitalización de la administración pública, la inteligencia artificial generativa debe emplearse para enriquecer los servicios públicos. Además, se promoverá el uso de la inteligencia artificial en aquellos sectores económicos que encuentran más barreras para su implementación, como las pymes, permitiéndoles beneficiarse de los avances en productividad y eficiencia que ofrece esta tecnología, para lo cual se adaptarán iniciativas como el Kit Digital.

La creación de un modelo fundacional de inteligencia artificial en castellano y lenguas cooficiales facilitará la generación de herramientas y aplicaciones más efectivas y accesibles tanto para el sector privado como para el público. A este respecto, el ministro ha señalado que los modelos de IA especializados desarrollados por la Administración General del Estado (AGE) basados en este modelo fundacional se regirán por un estricto proceso de gobernanza, que se organizará en torno al Plan de Acción de IA de la AGE y será certificado por la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).

La transformación administrativa también buscará incrementar su accesibilidad para todos los ciudadanos. Entre las acciones que el ministerio implementará se encuentran la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa este año, a través de una modificación en la Ley de Procedimiento Administrativo Común; una reestructuración del sitio web www.administracion.gob.es para organizarlo según eventos de vida (nacimiento, matrimonio, jubilación, etc.), simplificando así su navegación; la puesta en marcha de proyectos piloto de hubs de atención al ciudadano impulsados por inteligencia artificial; el refuerzo y promoción del número de atención 060; la ampliación de los servicios de atención multilingüe; y el fomento del uso de un lenguaje administrativo claro y comprensible.

En cuanto a la transparencia y la posibilidad de participación ciudadana en el diseño de políticas públicas, el V Plan de Gobierno Abierto, que se espera aprobar este año, avanza en esta dirección con “Diez compromisos cocreados con la sociedad civil, entre los que figuran la participación ciudadana, la integridad y la rendición de cuentas y el derecho a la información veraz”. Además, para progresar en la transparencia y la participación pública, se incluyen medidas como la regulación de las actividades de los grupos de interés, la mejora de las herramientas de participación ciudadana en decisiones de política pública y el desarrollo de laboratorios de participación para estimular la involucración ciudadana en la creación de normativas y políticas públicas.